Cuba se enfrenta al reto de aumentar su productividad y optimizar el suministro de bienes y servicios mientras preserva la cohesión social que distingue al país, sustentada en la salud y la educación públicas, las redes comunitarias y diversas formas de solidaridad. Las políticas más efectivas integran una apertura regulada de los mercados, la actualización de las instituciones, el impulso a la capacidad productiva local y una protección social focalizada. Este artículo expone propuestas específicas, experiencias verificables y criterios para evaluar los avances sin poner en riesgo la equidad ni la estabilidad social.
Antecedentes y desafíos clave
- Dependencia de importaciones y divisas: la economía cubana se sostiene en adquisiciones externas de alimentos, combustibles y bienes intermedios, mientras que las remesas junto con el turismo representan fuentes esenciales de moneda dura.
- Baja eficiencia en algunos sectores estatales: la gestión administrativa muestra rigidez, los precios se encuentran desalineados y los procesos logísticos provocan pérdidas y episodios de desabastecimiento.
- Presión fiscal y recursos limitados: la inversión pública disponible para modernizar la infraestructura productiva resulta escasa.
- Fuerte capital humano: la población cuenta con elevados niveles educativos y servicios sociales amplios que permiten redirigir capacidades hacia una mayor productividad.
- Importancia del sector no estatal: los emprendimientos privados, las cooperativas y la agricultura urbana han demostrado potencial para reforzar la oferta generada por el sector estatal.
Bases para intervenir sin comprometer la cohesión social
- Sustentabilidad social: asegurar que las reformas no dejen desprotegidos a los más vulnerables mediante redes de protección y acceso universal a salud y educación.
- Progresividad y transparencia: instrumentos fiscales y regulatorios que distribuyan beneficios y eviten concentraciones de renta.
- Experimentación controlada: pruebas piloto antes de escalamiento nacional para ajustar políticas según evidencias locales.
- Participación ciudadana: mecanismos de consulta y rendición de cuentas para legitimar cambios.
Reformas productivas con impacto directo en abastecimiento
- Agricultura: entrega y uso flexible de tierras. Impulsar y agilizar la asignación de tierras en usufructo y la formalización de contratos para pequeños y medianos productores, incorporando acompañamiento técnico y provisión de insumos. Por ejemplo, en varias localidades la producción creció cuando las parcelas en usufructo se otorgaron junto con créditos y acceso a mercados locales.
- Mercados mayoristas y precios que señalen oferta y demanda. Crear mercados mayoristas accesibles para cooperativas y agricultores familiares, favoreciendo una mejor distribución de alimentos hacia zonas urbanas y disminuyendo la intermediación poco eficiente.
- Logística y almacenamiento: destinar recursos a la construcción de silos, cámaras de refrigeración y corredores logísticos prioritarios con el fin de minimizar pérdidas poscosecha, sobre todo en tubérculos y hortalizas.
- Fortalecimiento de cooperativas y microempresas: ampliar las vías de acceso a contratos estatales y al mercado turístico para paladares y hostales, estableciendo incentivos fiscales que promuevan la reinversión y la generación de empleo.
- Compras públicas eficientes: actualizar los mecanismos de adquisiciones del Estado mediante procesos de licitación claros que incluyan a productores locales, dando preferencia a la calidad y a la estabilidad del suministro.
Instrumentos financieros y tecnológicos que multiplican impacto
- Microcréditos y líneas de inversión dirigidas: opciones financieras asequibles orientadas a la agricultura, el procesamiento alimentario y los servicios turísticos, vinculadas al cumplimiento de objetivos de empleo y provisión de insumos.
- Pagos digitales y plataformas de comercialización: impulso a aplicaciones y pasarelas de pago nacionales que disminuyan fricciones en las operaciones, faciliten la cobranza a productores y aporten mayor trazabilidad.
- Inversión en energías renovables descentralizadas: instalación de paneles solares y microredes para mitigar los cortes eléctricos que impactan la producción y el almacenamiento, sobre todo en áreas rurales y centros de procesamiento.
- Digitalización de cadenas de suministro: implementación de sistemas de inventario y herramientas de previsión de demanda en hospitales, escuelas y mercados mayoristas para reducir al mínimo las faltas de stock.
Protección social para sostener la cohesión
- Subsidios focalizados: mantener subsidios universales básicos pero dirigir recursos adicionales a hogares en situación de vulnerabilidad mediante registros únicos y ayudas en especie cuando sea necesario.
- Salarios y transferencia monetaria condicional: ajustes salariales en el sector público y transferencias directas a quienes se reconviertan profesionalmente o pasen a actividades productivas priorizadas.
- Capacitación y reconversión laboral: programas masivos de formación técnica vinculada a necesidades productivas locales: agroindustria, mantenimiento de infraestructuras, tecnologías de la información.
- Mantenimiento de servicios básicos: garantizar atención sanitaria y educativa de calidad como anclaje de cohesión social durante procesos de cambio económico.
Situaciones y muestras específicas
- Organopónicos y agricultura urbana: nacidos tras la crisis de los años noventa, los organopónicos urbanos en La Habana evidenciaron que una producción local intensiva y cercana podía surtir a los mercados y disminuir la dependencia de importaciones. Su expansión a otras ciudades y su integración en redes públicas de abastecimiento fortalecen la resiliencia alimentaria.
- Paladares y hostales: emprendimientos familiares que, al sumarse a rutas turísticas y adquirir suministros a productores del entorno, ampliaron la oferta y generaron divisas en municipios con alto movimiento de visitantes.
- Biotecnología exportadora: el entramado biotecnológico reunido en entidades nacionales ha impulsado ciencia aplicada con exportaciones y servicios, mostrando que invertir en conocimiento puede generar divisas y empleo especializado.
Riesgos y medidas de mitigación
- Riesgo de desigualdad: diseñar tributación progresiva sobre rentas altas y ganancias extraordinarias, así como subsidios focalizados para evitar brechas.
- Fragmentación social por acceso desigual a la tecnología: impulsar acceso público a internet y programas de alfabetización digital para pequeñas empresas y cooperativas.
- Captura por intereses privados: reforzar instituciones de control, auditoría y participación comunitaria para que mercados y contratos beneficien al bien común.
- Impacto ambiental: acompañar la intensificación productiva con prácticas sostenibles, manejo de suelos y reducción de agroquímicos.
Métricas de desempeño y seguimiento
- Tasas de abastecimiento: reducción en la frecuencia de faltantes de alimentos básicos y medicinas en mercados y centros de salud.
- Productividad laboral: incremento en producción por trabajador en sectores clave (agro, turismo, manufactura ligera).
- Ingresos y distribución: crecimiento de ingresos medios sin aumentos desproporcionados en desigualdad medida por indicadores de pobreza y de distribución.
- Divisas y balanza comercial: aumento de ingresos por exportaciones y reducción de necesidades de importación mediante sustitución productiva.
- Participación ciudadana: encuestas de satisfacción y mecanismos de queja y propuesta activa a nivel municipal.
Acción prioritaria: pilotos locales con evaluación rigurosa
Una vía práctica sería crear en cada provincia proyectos piloto que combinen la asignación temporal de tierras, el acceso a microcréditos, la formación de mercados mayoristas, la modernización digital de la logística y una protección social bien focalizada, mientras que evaluaciones cada tres meses y la revisión conjunta de las políticas con productores, municipios y especialistas permitirían un escalamiento responsable y sostenible.
Las transformaciones que elevan la productividad y el abastecimiento en Cuba exigen a la vez una apertura práctica a la iniciativa económica, un fortalecimiento institucional que garantice regulación y reparto equitativo, y acciones sociales que mantengan la universalidad de los servicios esenciales; mediante ensayos locales, inversión en infraestructura básica y políticas redistributivas claras, puede avanzarse hacia una economía más dinámica sin poner en riesgo la cohesión que sostiene la vida colectiva.
