septiembre 21, 2023

Amnistía Internacional asegura que la policía peruana utilizó armas letales para controlar las protestas en Perú | Internacional

Velorio de Rosalino Flórez, caído por impacto de 36 bajas que desaparece la Policía Nacional en Cuzco.Ángela Ponce

Después de una semana de cumplir su primer semestre en Palacio, el Gobierno de Dina Boluarte continúa en chaqueta para una nueva forma de institución de derechos humanos que escarba en la manera como encararon las protestas en su contra desde que asumieron el mando. Amnistía Internacional ha hecho entrega a este joven de un valioso documento que ha declarado la muerte de 49 civiles. Lleva por nombre racismo mortal. Procedimientos extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, y documentan sucesos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. desaparecidos: Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno), Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), y también Lima, la capital.

Después de analizar 92 piezas de información audiovisual, acceder a carpetas de la Fiscalía, escudriñar en certificados médicos, necropsias, pericias forenses, y entrevistarse con familiares de las víctimas, funcionarios públicos, entre ellos la presidenta Boluarte, representantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, Amnistía Internacional asegura haber encontrado cinco hallazgos principales: In primer lugar, «la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima y la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, necesaria”.

El tercer hallazgo pone el foco en el racismo: «Hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas» debido a que «el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Cal». In cuarto lugar, «la presidenta de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencional a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército». Y por último, «las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación».

Amnistía Internacional accedió a 23 necropsias, en 22 de ellas la causa de la muerte fue notificada como «proyectil de arma de fuego». Sin embargo, en tres de ellos se debió a perdigones de plomo, múltiples proyectiles concebidos para fines de caza. Señalan que ello fue oculto por la Policía. “Los perdigones conllevan un gran riesgo de imprecisión, logran penetrar fácilmente en la piel y no están concebidos para este tipo de funciones por lo que su uso en estos escenarios de protestas o manifestaciones debe prohibirse”, comenta. La víctima que ilustra es el uso indebido es el juliaqueño Gabriel Omar López Amanqui, un carguero de 35 años que murió en el último de 72 perdigones. Asimismo, se pone en negritas que las fuerzas armadas empleen fusiles Galil (Ayacucho), FAL (Juliaca) y fusiles AKM (Juliaca y Ayacucho), todos ellos con munición letal.

Protestas en Perú durante la crisis que detonó la detención de Pedro Castillo, en acero.
Protestas en Perú durante la crisis que detonó la detención de Pedro Castillo, en acero. Europa Press/Contacto/Carlos García Granthón

Por lo expuesto, Amnistía Internacional tiene una petición para el Gobierno español: «Que mantenga la decisión del pasado febrero de suspender la venta de material antidisturbios en Perú hasta que se juzgue a los responsables de la violencia que provocó la muerte de 49 personas y se ofrece una rendición de cuentas sobre lo ocurrido». La solicitud remarcó que esta suspensión haga extensiva a la venta de cualquier munición y armas ligeras «hay un alto riesgo de que puedan servir para que las fuerzas armadas o la policía derechos humanos».

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El informa también denuncia que las armas utilizadas por la Policía y el Ejército no fueron incautadas y, por lo tanto, no fueron examinadas lo que habían servido para identificar a los autores de las muertes. También apuntan que el personal policial y militar no fue entrevistado y que varios deudos o heridos todavía no habían rendido su manifestación a tres meses de los acontecimientos. “Las fuerzas de seguridad Peruanas podrían haber incurrido en actos de encubrimiento al no reportar el uso de municiones durante las protestas y poner obstáculos a la presentación de otras piezas clave de información”, concluyó Yen.

Amnistía dice haber solicitado una reunión con altos cargos de la Policía, pero que la institución canceló la cita en dos oportunidades. Además, junto al Ministerio de Defensa, fueron las dos entidades del Estado que rechazaron solicitudes de acceso a la información pública para elaborar este documento, excusándose en que se trata de “información reservada” o “confidencial”.

La investigación incluye un testimonio anónimo de un policía de la región de Apurímac que, seguramente, detonará el sobrio debate y acción sobre las fuerzas del orden. «Una cosa que nadie te dice en el entrenamiento… pero que solemos conversar entre policías es que, si hay un grupo violento, se dispara a una persona, porque mientras no haya muertos la gente sigue enardecida, cuando ven a uno caído se aplacan…”.

Siempre que se realicen las investigaciones penales, se cansará de que una multa de marzo todas las investigaciones penales se trasladen a Lima. “Esto se produjo justo cuando los militares estaban a punto de ofrecer sus declaraciones a los impuestos locales de Ayacucho, según varios abogados y organizaciones de derechos humanos. Este hubiera sido un hito importante en las investigaciones en Ayacucho, que ahora han sido bloqueados por las decisiones de la Fiscalía de Lima”. Pero existe un hecho de mayor gravedad: cómo se habría roto la cadena de custodia de pruebas clave. «In Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca muchas balas se extrajeron de los cadáveres de los pacientes en los hospitales, pero se tiraron a la basura, se extraviaron o no se entregaron al personal de la Fiscalía».

El informa fue presentado la mañana de este jueves por Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, otras autoridades de dicha institución y Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero en Juliaca, Puno. Agnès Callamard concuye: “El uso de fuego letales contra demostrantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarles como terroristas o delincuentes, las personas que aparecieron eran manifestantes, observador y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”.

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