Desde que empezaron la escuela, cada día, una treintena de menores en Sabadell (Vallès Occidental) ocupan mesas y sillas de los bares de su barrio para poder hacer los deberes. En casa no hay luz. Los antidisturbios Mossos, requeridos por Endesa, se la cortaron el pasado mes de junio, a pesar de tratarse de hogares en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales del municipio. No son los únicos. La Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) ha constatado 87 hogares a quienes los Mossos y Endesa les han cortado la luz antes de conocer si son familias pobres atendidas por servicios sociales y que tienen derecho a un contador social provisional según el acuerdo entre la Generalitat y Endesa. «Necesitamos que se garanticen los derechos de las familias y se aclare un protocolo de forma urgente», ha implorado María Campuzano, portavoz de APE, en una rueda de prensa en El Parlament.
El caso de Sabadell es, probablemente, el que cuenta con más afectaos: 27 familias, muchas de ellas con informes de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales. Pero en total, los activistas del APE cuentan 87 viviendas, con al menos una veintena de menores afectados, en Manresa (Bages), Barcelona, Sabadell y Ponts (La Noguera). «Al principio pensábamos que eran casos puntuales pero nos hemos dado cuenta que es un situación que se va reptiendo. Estamos convencidos que hay más afectados que no lo están denunciando», cuenta Campuzano.
Según el APE, y también según confirman fuentes de Endesa, el protocolo de actuación es el siguiente. En primer lugar, Endesa detecta que se comete fraude elétrico en viviendas ocupadas. Ellos deciden cortar el suministro por el riesgo evidente de incendios o accidentes eléctricos que se han confirmado que pueden ser mortales. Y piden la presencia de los Mossos d’Esquadra en los casos en que esté en riesgo la seguridad de los operarios que ejecutan el corte del corriente. Los Mossos lo hacen y se ejecuta el corte. «Pero en todo este proceso no hay ningún documento que lo acredite ni se tienen en cuenta los derechos de estas personas afectadas», se queja Campuzano.
Sin embargo, según el acuerdo histórico entre Generalitat y Endesa, firmado en 2021, las familias vulnerables acreditadas por los servicios sociales municipales, que están esperando un piso de alquiler social y se han visto obligados a ocupar una vivienda, tienen derecho a tener un suministro estable, legal y regular al corriente eléctrico, como ya se hace con las compañías de agua. Endesa se comprometió a instalar contadores sociales en estos casos (ya se han colocado 48 en Catalunya según Endesa).
«Están incumpliendo el acuerdo y esto tiene efectos directos en la salud física y mental, y en la seguridad de estas personas: la gente se calienta o se alumbra con métodos alternativos que son mucho más peligrosos y tenemos auténticos dramas», afirma Campuzano, que recuerda como muchas familias han sufrido incendios, algunos mortales, por alumbrarse con velas o calentarse con braseros. Endesa, por su parte, señala que lo que deben hacer las administraciones es ofrecer una vivienda social a las familias necesitadas para que no tengan que vivir en estas condiciones. Actualmente, las listas de espera para un piso social puede superar los dos años.
Reunión entre ‘consellers’
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Hace cinco meses que los activistas piden una reunión con loos ‘consellers’ de Interior, Joan Ignasi Elena, y Drets Socials, Carles Campuzano, para plantearles su solución. «Es un tema que hay que abordar: que cuando los Mossos reciban una solicitud de Endesa, en vez de enviar los antidisturbios, compruebe con Drets Socials si hay familias vulnerables«, ha pedido Campuzano. «Esto nos permitiría parar los cortes y tramitar los contadores sociales para garantizar los derechos de los afectados y cumplir con el convenio», insiste la activista.
A falta de poder tener este encuentro, la APE ha mantenido una reunión con los diputados que asisten en las comisiones de Interior y Drets Socials y les ha entregado un informe con todos los casos que se han encontrado. Al encuentro han asistido todos los grupos, excepto VOX. «Ha sido muy útil y los diputados de ERC se han comprometido a hacer posible que esta reunión que pedimos exista», ha indicado Campuzano.
